En 1872, una coma mal puesta en una ley arancelaria costó al erario norteamericano 2 millones de dólares de la época o, lo que es equivalente, 38,350,000 dólares de hoy en día.


El error tiene su miga. Tras la independencia de los Estados Unidos de América en 1776, el recién emancipado país tuvo que inventar una nueva Hacienda para el Gobierno Federal. La única fuente de ingresos que a los George Washington, John Adams y Thomas Jefferson se les ocurrió gravar fueron las importaciones. Con ello conseguían dos cosas: proteger el comercio interior de las Trece Colonias y, más importante, financiar el Estado naciente.

Durante todo el siglo XIX, el sistema impositivo en los Estados Unidos continuó bajo el mismo sistema. Eso les permitió, entre otras cosas, comprar Luisiana a Napoleón Bonaparte en 1803, dando así por finalizadas las disputas entre Francia y España por el control de San Luis, Nueva Orleans y el sur algodonero. Comenzó de esta manera la expansión hacia el Oeste.

Durante la Guerra de Secesión, que sumió a la incipiente potencia de 1861 a 1865 en una guerra civil, los estados de la Unión experimentaron con un sistema de impuestos progresivo para financiar a su milicia. Quienes ganaban entre 600 y 10.000 dólares al año pagaban el 3% al fisco y quienes sobrepasaban esa cifra el 5%. Durante los ocho años que la medida estuvo en vigor, los unionistas recaudaron 100 millones de dólares.

Grant
Sin embargo, una vez finalizada la contienda, el gobierno presidido por Ulises S. Grant regresó a las tasas arancelarias que tan bien habían funcionado en el pasado. El 6 de junio de 1872, la administración yanqui aprobó una ley de aduanas cuyo objetivo era actualizar la anterior a la Guerra Civil para reactivar la economía.

Sin embargo, un minúsculo error tipográfico acabó por costar al Gobierno y los contribuyentes 2 millones de dólares.

Esta ley arancelaria, como las anteriores, incluía una lista con productos exentos de la tributación. Los importadores, en su legítimo derecho, buscaban las vueltas a la norma para pagar menos impuestos, bien para comerciar con los productos ‘tax-free’ o para aplicar el consabido “hecha la ley, hecha la trampa”.

En esta ocasión, la trampa venía en las propias tripas de la norma. Lo que debía quedar fuera del control arancelario eran las “plantas frutales, tropicales y semitropicales cuyo propósito fuese el cultivo o el crecimiento”. Sin embargo, pese a que las semillas y bosquejos de las plantas estaban libres de arancel, la fruta no. Dos años antes, la TariffAct de 1870 gravó las importaciones de naranjas, limones, piñas y uvas con un 20%. Las limas, plátanos, mangos, cocos y el resto de fruta tributaban a un 10%.

Por alguna inexplicable razón, entre las palabras “fruit” y “plant” apareció una coma que cambiaba por completo el sentido de la norma. La fruta, por esta razón, quedaba también incluida en la lista de productos no susceptibles de pasar por caja. El mecanismo del derecho que dice que una ley posterior deroga la anterior vigente hizo el resto.

Redacción Original: “Fruit plants, tropical and semi-tropical for the purpose of propagation or cultivation”.

Redacción 1872: “Fruit, plants, tropical and semi-tropical for the purpose of propagation or cultivation”.

En un primer momento, el Tesoro americano trató de evitar las masivas importaciones de fruta alegando que la ley “se había escrito con otro propósito”. Los comerciantes rechazaron de plano las excusas oficiales y litigaron para continuar importando la fruta. En 1874, dos años después de ser promulgada la ley, el Gobierno aceptó su error pagando las deudas contraídas con los empresarios, que se elevaban a 2 millones de dólares.

En revisiones posteriores de la ley, la coma fue eliminada. 




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