La Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) –que se encarga de administrar los derechos de autor de productores audiovisuales- considera que es hora de empezar a controlar a quienes realicen comunicación pública sin pagar a los autores de las obras.
La ley 17.616, que regula los derechos de autor, establece que los titulares pueden reclamar una remuneración por la exhibición de sus obras, aunque la norma no se aplica para las reuniones que sean sin fines de lucro y las que lleven a cabo con fines didácticos. “Se va a controlar más que nada a las empresas, a todas las organizaciones con fines económicos”, ratificó la directora de Egeda Uruguay.
Si una empresa comunica en las pantallas abiertas al público solo contenidos periodísticos, publicitarios, deportivos o de cualquier otro tipo que no sea considerado una “obra” por la ley no deberían pagar. Sin embargo, la gestora entiende que al no tener como fiscalizar que solo se emitan contenidos no considerados obras (películas, documentales o telenovelas), deberían igual pagar por las licencias.
Las tarifas son en dólares y varían dependiendo del tipo de licencia. La que se refiere a la comunicación pública y a la exhibición cuesta alrededor de US$ 10 por mes por televisor disponible. Esta es la que se aplicará a los comercios que no tengan cuantificada la cantidad de público que reciben. Si lo tienen cuantificado, se les cobrará alrededor de US$ 1 (unos $ 26) por cada persona que se expone a los contenidos audiovisuales al mes. Por otro lado, la licencia de retransmisión, que es la que necesitan los cableoperadores para emitir contenidos que no son propios –películas, telenovelas–, cuesta US$ 0,5 (unos $ 13) por abonado al mes.
La primera etapa de fiscalización comenzará en Montevideo, donde la intendencia tiene registro de unos 1.000 bares, restaurantes, parrilladas, cafeterías y chiviterías. Sin embargo, la lista preliminar que maneja Egeda para salir a cobrar incluye unos 8.000 locales, entre los que también se encuentran peluquerías, gimnasios, hoteles, clubes deportivos y bancos. “Pero vamos a seguir trabajando para que no se escape nadie”, advirtió la directora de Egeda a El Observador. Se espera que para fin de año ya estén aplicando las tarifas también en el interior del país.
Hasta ahora solo había cinco clínicas de Montevideo que pagaban la licencia por los televisores que tienen tanto en salas de espera como en las habitaciones. En Maldonado también hay centros de salud que pagan por los derechos de comunicación pública. Sin embargo, la asociación quiere ahora que las licencias se masifiquen. “Es una gestión costosa, pero la queremos hacer con buena voluntad”, expresó Nosei. La directora afirmó que en países como Colombia, Ecuador o Perú, donde también funciona Egeda, “todos los productores están cobrando este derecho y la gestión funciona bien”.
Luego de que reciben el dinero por las licencias, la gestora se encarga de reunirlo y una vez al año se lo hace llegar a los productores del mundo, a través de las asociaciones que operan en cada país. Del mismo modo, Egeda Uruguay recibe dinero por la comunicación pública, exhibición y retransmisión de producciones audiovisuales uruguayas en otros países, que después se lo envía a productores locales. El 20% de la recaudación se destina a la producción nacional.
