Depende de los países, pero existen tres sistemas fundamentales: el basado en aportaciones privadas, el que se nutre únicamente de recursos económicos públicos y el mixto, que combina ambas fuentes de ingresos.
En España se sigue un sistema mixto, en parte público y en parte privado. En el primero se encuadran diversas subvenciones (para gastos electorales, de funcionamiento –procedentes del Estado y de las CC. AA.–, aportaciones de grupos parlamentarios presentes en las instituciones estatales, autonómicas y locales…). El segundo se nutre de las cuotas y aportaciones de los afiliados, donaciones en dinero o en especie, rentas procedentes de la gestión de su patrimonio, las herencias o legados recibidos, y los fondos procedentes de préstamos o créditos.
Hoy, las formaciones recién aterrizadas en el mapa político, han optado por otras formas de ingresos, como el crowdfunding –micromecenazgo a través de internet–, microcréditos –de sus militantes y simpatizantes que luego les devuelven– o la venta de merchandising. Si tras las elecciones logran representación estatal, autonómica o local, reciben una cantidad por cada diputado, senador o concejal obtenido, y por voto cosechado.