El líder del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, contactó con la Fundación de La Caixa a comienzos de 2015 para ofrecer la absolución de la hermana del rey de España, Felipe VI, por 20 millones de euros.
Bernad actualmente se encuentra en prisión bajo acusaciones de coordinarse, el pasado febrero, con el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, para negociar la retirada de la acusación contra la infanta Cristina de Borbón en el caso Nóos a cambio de tres millones de euros.
Sin embargo, según ha publicado este martes el diario El Confidencial, fuentes cercanas al caso han confirmado que el supuesto sindicato de funcionarios contactó con el entorno de la hermana de Felipe VI a comienzos de 2015 para venderle su absolución por 20 millones de euros, casi siete veces más de lo que se barajaba hasta ahora.
La infanta Cristina (izda.) y su marido, Iñaki Urdangarin, salen del tribunal de la Audiencia de Palma de Mallorca, España, 9 de febrero de 2016
El secretario general de Manos Limpias pretendía que los fondos se canalizaran a través de un tercero, con el que aparentemente no tenía ninguna relación, para evitar que fueran detectados. En concreto, quería camuflar el pago como si fuera una ayuda económica para la Corporación LPM, una empresa de Hospitalet de Llobregat (provincia de Barcelona), cuyo propietario es su amigo.
El precio era desorbitado, pero Bernad tenía en su mano en ese momento evitar que la infanta Cristina se convirtiera en la primera integrante de la familia real española en sentarse delante de un juez. No obstante, las elevadas pretensiones económicas frustraron el plan.
A finales del 2015, Manos Limpias volvió a la carga y bajó sus pretensiones económicas a dos millones de euros. Más tarde, en febrero de este año, Pineda, también en prisión, planteó la retirada de los cargos contra la infanta a cambio de tres millones de euros, pero todas las negociaciones fueron frustradas.
La infanta Cristina se encuentra entre las 18 personas que están acusadas de delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias contra la Hacienda Pública, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo de capital, que habrían sido cometidos entre 2003 y 2009 basándose en el crédito de la familia reinante en España, encabezada entonces por el hoy rey emérito Juan Carlos I, que abdicó en su hijo Felipe en junio de 2014.
Manos Limpias lanzó en abril de 2013 la única acusación particular contra la infanta, para entonces su esposo, Iñaki Urdangarin, ya estaba imputado. La Fiscalía y la Abogacía del Estado no habían incluido a la infanta entre los acusados por esa fechas; de hecho, hasta hace escasas semanas seguían intentado impedir que se juzgara a la hermana del rey español.
Hispantv