Ecuador rechaza un informe del Departamento de Estado de EE. UU. sobre una presunta falta de transparencia fiscal en el país andino.
La Cancillería de Ecuador ha cuestionado el Informe sobre Transparencia Fiscal 2016 elaborado por el Departamento de Estado estadounidense, que incluye al país suramericano en una lista de 57 países que “supuestamente” no cumplen con ciertos niveles de transparencia fiscal.
En un comunicado emitido el jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador alega que los criterios de medición fueron establecidos "de forma arbitraria" por el Gobierno norteamericano, y "expresa su seria preocupación por la elaboración de informes unilaterales y sesgados que buscan afectar injustificadamente la imagen internacional de nuestro país”.
(Ecuador) expresa su seria preocupación por la elaboración de informes unilaterales y sesgados que buscan afectar injustificadamente la imagen internacional de nuestro país” en un comunicado de la Cancillería.
Como respuesta, la Cancillería ecuatoriana indica que ha emprendido una campaña de alcance mundial para poner fin a los paraísos fiscales y hace un llamado a Washington a unírsele y demostrar así un compromiso verdadero con la ética y la transparencia actuando sobre las jurisdicciones que mantienen prácticas fiscales opacas en su propio territorio.
El país suramericano asegura que "ningún otro Gobierno en la historia del Ecuador ha hecho tanto por crear un sistema transparente de gestión pública", y pone como ejemplo la creación de Subsecretarías de Transparencia y Control Social, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), y la ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, las cuales “dan cuenta del compromiso irrestricto del Estado ecuatoriano y de los esfuerzos que realiza para garantizar la transparencia en todos los estamentos de la sociedad”.
Esta es la primera vez que Ecuador aparece incluido en la “lista negra” estadounidense junto a Nicaragua, mientras que República Dominicana ha salido del grupo. Otros países latinoamericanos que según el Departamento de Estado de Estados Unidos cumplen con los requisitos mínimos son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
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